12/08/2009

Las implicaciones de Honduras

por Carlos M. Añez
4 diciembre 2009
Se llevaron a cabo las elecciones de Honduras y Manuel Zelaya no fue restituido en el poder. Se cumple así nuevamente lo que la historia nos ha enseñado de que en países como los nuestros quien tiene el poder ejecutivo, que es el que controla las armas, es quien manda e impone su voluntad. No hubo ni presión ni fuerzas políticas externas que valieran lo suficiente para impedir que el gobierno de facto hiciera lo que había decidido hacer, dejar que ocurrieran las elecciones previstas desde mucho antes sin que Zelaya regresara al poder, y eso tiene importantes implicaciones.
En primer lugar, hay que reconocer que a pesar de los embates que sufriera el “principio de no intervención” y de los intentos de violación del “derecho de auto determinación de los pueblos” a causa de la increíble y unánime presión internacional ejercida sobre Honduras para revertir el golpe de estado, la soberanía de ese país sobrevivió y quedó solo amenazada. A Honduras se le excluyó de comunidades internacionales, se le suspendieron ayudas económicas y se le corto el acceso a recursos financieros a los cuales tenía derecho, se le opusieron trabas para su comercio internacional, se le cancelaron visas de viajes a sus dirigentes, se le hicieron afrentas diplomáticas de la peor naturaleza, se le ofrecieron mediaciones parcializadas y sobre todo, se despreció la soberanía y el poder “originario” de su pueblo al sujetar el reconocimiento de los resultados de las elecciones a la previa restitución de Zelaya en el poder. Sin embargo, en definitiva la soberanía de Honduras prevaleció y eso implica que hasta ahora la comunidad internacional y sobre todo los países poderosos todavía privilegian el concepto de soberanía de los estados independientes suficientemente como para no intervenir directamente por la fuerza en un país soberano, a menos que ocurran eventos extremos de genocidio o crímenes contra la humanidad.
En nuestro articulo de julio 2009 argumentábamos que : “Por ahora parecería que la no injerencia se deja de lado cuando se trata de la remoción indebida de un jefe de estado pero podría llegar el día en que también se aparte cuando se trate de violaciones constitucionales de otro tipo.” A la luz de lo que ha ocurrido, esa afirmación queda desvirtuada. Ni siquiera la remoción intempestiva de un jefe de estado en un país habilita a otros países para intervenir y revertir los hechos.
A muchos venezolanos les alegra que las elecciones hondureñas se hayan celebrado sin que Zelaya fuese restituido pues ven en eso el triunfo de fuerzas políticas contrarias al chavismo. Eso es válido y a mí también me contenta. No obstante, el caso de Honduras nos muestra realidades más duras de la que quisiéramos enfrentar. Comencemos por reconocer que allí se demostró que no hay fuerza externa que pueda intervenir para ayudarnos a resolver problemas políticos nuestros. Honduras nos ha hecho ver que, por un lado, nadie va a poder interferir con la soberanía, pero por otro lado, que no hay corte de justicia en el mundo a la cual acudir cuando nuestra constitución sea violada. Las violaciones a la constitución las resuelve el pueblo o mejor dicho, la lucha política en cada país. La futilidad de instancias como la OEA, la UNASUR y similares quedo clara y desnuda ante todos, pero entonces por implicación también son fútiles las huelgas de hambre para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sea invitada a verificar violaciones en nuestros países.
En los avatares del caso hondureño hemos podido observar todas las miserias éticas de la diplomacia y la insinceridad del ejercicio de la política internacional. Vimos a gobernantes militares que en el pasado fueron conspicuos golpistas (Ustedes saben quiénes!) rasgándose las vestiduras porque los militares hondureños habían sacado a Zelaya en pijamas. Descubrimos un “mediador” que se atrevía a vetar proposiciones de uno de los lados en conflicto y a forzar que la negociación se efectuara sobre sus propias proposiciones. Nos impresionaron mucho ciertos reputados demócratas que negaban a priori la validez de las elecciones sin importar si serían limpias y concurridas pero que jamás han manifestado rechazo alguno a los abusos ventajistas electorales de los gobernantes en otros países (Ustedes saben cuales!). Sentimos asco por la diplomacia brasileña que después de romper relaciones con el gobierno de facto de Honduras porque no lo reconocía, reclamó el derecho a mantener una sede en Tegucigalpa para luego albergar a Zelaya y en desacato flagrante de convenciones internacionales, permitirle que desde allí tuviera actividad política pública mientras exigían para sí inmunidades de las establecidas precisamente en las convenciones que estaban violando como si su estatus diplomático estuviese normal. Aun más asco sentimos leyendo las recientes declaraciones de personajes como Oscar Arias llamando ahora a reconocer el resultado de las elecciones después de haber amenazado con el ostracismo a Honduras si no se restituía a Zelaya porque dizque él y Hilary Clinton estaban decididos a revertir el golpe de estado para sentar el precedente.
Hay gente que dice, como Lula, por ejemplo, que el reconocimiento de las elecciones de Honduras crea un precedente peligroso para las democracias de Latinoamérica porque con ello el golpe de estado queda impune y se estimula. Con esa posición se está olvidando que si el golpe se hubiese revertido por presión externa se habrían violado el principio de soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos que son esenciales para la convivencia internacional y eso hubiese sido mucho más grave. También se está suponiendo puerilmente que los golpes de estado desaparecerían de la historia por virtud de precedentes rechazos de parte de muchos países. Los golpes de estado son eventos tan presentes en la historia como las guerras, las revoluciones, las dictaduras o el terrorismo que no han desaparecido a pesar de todo el rechazo humano que han recibido. No tienen justificación, validez o invalidez intrínsecas. Simplemente suceden por causa de procesos políticos en determinadas circunstancias históricas.
Con tales argumentos aparentemente principistas o moralistas y en consecuencia hipócritas, se está además dejando de lado las especificidades del caso particular de Honduras, en el que como republica democrática que es, hay separación de poderes y circunstancialmente el Poder Judicial y el Poder Legislativo encontraron causas para la remoción de un jefe de estado abusador. Lo que es peor, con eso se está suponiendo que todas las “democracias” merecen ser protegidas contra golpes de estado inclusive aquellas que no son sino disfraces de autocracias y dictaduras de último modelo. Todo eso declarado a todos los vientos por políticos como Lula que han perdido toda autoridad moral para presentarse como “paladines de la democracia” cuando se engolosinan en carantoñas mutuas con dictadores reconocidos del mundo ofendiendo en especial a los discriminados, los torturados y los muertos causados por sus regímenes. Debería más bien estudiar la historia de Rómulo Betancourt enfrentándose a los dictadores de América.
Aparte pues de haber dado ejemplo de dignidad y consistencia como nación, Honduras nos ha permitido apreciar la hipocresía, la inconsistencia y la desvergüenza de los políticos de diversas latitudes. Hemos podido observar como ellos a nombre de “la comunidad internacional” y “la defensa de la democracia” han argumentado hacia adelante y hacia atrás, han puesto en peligro principios fundamentales para el orden mundial, han cobardemente formado gavilla para presionar ilegalmente a una pequeña nación que escogió licita y legítimamente un rumbo político determinado y unas correcciones particulares a sus propios errores y con toda desfachatez e irresponsabilidad han comenzado a inventar galimatías para argumentar su salida del problema sin perder mucha imagen, como el Moratinos que dice que no reconocen las elecciones pero que no las ignoran.
El papel de los Estados Unidos ha sido mediocre y rayano en lo pusilánime. Al inicio, con actitud aparentemente favorable a un enfoque multilateral, se unieron a la gavilla para presionar a Honduras haciendo ver que estaban escandalizados con el golpe de estado pero luego manipularon las cosas para quedarse manejando el tema fuera de las instancias multinacionales. Actuaron - (literalmente, en el sentido teatral de representar un personaje) - como punta de lanza para castigar a Honduras suspendiéndole ayudas y programas de cooperación y llegaron al extremo de cancelar visas a los dirigentes del gobierno de facto personalizando así la presión extendiéndola ridículamente fuera del ámbito diplomático oficial. Se confabularon con Oscar Arias para mediatizar la mediación y tratar de imponer un acuerdo. Hicieron que Zelaya firmara un documento que lo despachaba definitivamente, lo dejaron chillando y resentido y sin embargo después declararon que las elecciones eran solo un “paso adelante” y contradiciéndose nuevamente dijeron que hay que reconocerlas. Para completar el sainete, Arturo Valenzuela luego dijo que la decisión del Congreso hondureño lo dejaba “dissappointed”. Vaya inconsistencia!
Desde hace cierto tiempo, en el contexto de la ciencia política hay una confrontación entre paradigmas de interpretación de la relación entre democracia y justicia. Uno de ellos[1] concibe a la justicia como el valor primario del cual se derivan los derechos democráticos de participación y auto determinación. En este paradigma, la justicia, entendida como garantía de igualdad para la libertad e igualdad de intereses, requiere de la democracia para concretar esa garantía y se funda en el voto libre, secreto y universal que se supone que lleva a la participación, la libre expresión del pensamiento y la desconcentración del poder. En otro paradigma[2], la democracia es el valor primario que requiere de la justicia para realizarse. A la justicia, como garantía de derechos civiles y de igualdad ante la ley, se le ve como el medio para concretar los propios derechos inalienables de auto determinación democrática.
Si se examina con este tipo de pensamiento en mente la actuación de los Estados Unidos, de Europa y de los grandes países latinoamericanos en el caso de Honduras, se aprecia claramente la dispersión, vacuidad e inconsistencia de la orientación política que sostuvieron hasta el final para rendirse ridículamente ante la realidad y aceptar la validez de las elecciones. Los gobiernos de esos países no tuvieron ni idea de que estaban persiguiendo. Si hubiesen mantenido a la justicia como valor primario debían haber apoyado las actuaciones del tribunal supremo y el congreso en Honduras exigiendo quizá que Zelaya fuese regresado para someterlo a juicio y promoviendo la celebración de esas elecciones cuanto antes. Si por el contrario hubiesen privilegiado la democracia como norte que, para ser alcanzado, requiere de la justicia, habrían visto las actuaciones del tribunal supremo como necesarias para asegurar la pulcritud de las venideras elecciones.
En cambio, los gobiernos se obnubilaron con el fantasma del golpe de estado como si todos los golpes fuesen malos. ¿o es que el golpe que le dieron a Pérez Jiménez y el que Morales Bermúdez le dio a Velasco Alvarado en Perú fueron censurables? Más aun, ¿Por qué no censuran los golpes que Fernando Mires denomina “desde el estado” y que paso a paso desmoronan la vigencia de nuestras constituciones? En fin, yo esperaba mucha más claridad política de por lo menos algunos de los líderes de los países más importantes del mundo. Es a mí a quien esos gobiernos dejaron “disappointed”, mientras reconozco en Roberto Micheletti el liderazgo que América Latina está necesitando urgentemente.


[1] Basado en los trabajos de Rawl, John; “A theory of Justice”, Harvard University Press, Cambridge, 1971 citado por Gould, Carol; “Globalizing Democracy and Human Rights”, Cambrideg University Press, Cambridge UK, 2004
[2] Que se atribuye a Dahl, Robert; “Democracy and its critics”, Yale Univ. Press, new Haven, 1989 citado en idem.

9/21/2009

The siege of Honduras

by Carlos M. Anez
The Costa Rican President Oscar Arias representing, at least, the US, European and Latin American governments, has been trying to depict himself as “the mediator” in the Honduras crisis with the support mainly from the US but also from the rest of the countries. However, he has been acting more like a head negotiator on behalf of Manuel Zelaya, the Honduran president ousted by a coup in late June. Today,[1] in a surprising and internationally unprecedented manner, in a press conference in San Jose, he threw away his mask as mediator and announced that he will call the presidential candidates of the upcoming election including the candidate of Zelaya’s party, to let them know that “the whole world” will not recognize any Honduran president that would eventually be elected in the long scheduled election in late November 2009, unless the election is held under a government headed again by Zelaya.
Amazingly, he seems to feel fully authorized by “the whole world” to intervene in Honduras’ political process with total disregard of the long standing bulwark of world order, the concept of sovereignty and with full contempt of the “principle of non intervention” and of the intimately linked “right of self determination”. News agencies also reported today that Argentina, Brazil and Mexico “refused to accept the participation of the Honduran ambassador at a meeting of the U.N. Human Rights Council in Geneva because he is not from Zelaya's government”. It seems thus that Honduras will be ostracized by the western international community further than any other country guilty of forcefully changing government has ever been.
The growing pressure upon Honduras and the unanimity among the intervenors could be construed as a sort of universal abandonment of the sacredness of state sovereignty as a core concept of international law. However, a quick revision of recent international interaction reveals that any of the claimant countries would zealously defend their own sovereignty against the slightest of dents. Consequently, it seems logical to assume that the violation of the Honduran sovereignty is happening because the violators are many and because Honduras is a weak country. It is a sort of political lynching.
In a TV interview two weeks ago, Oscar Arias said that President Obama, Secretary of State Clinton and himself were trying to “revert a coup for the first time” in order to avoid the “domino effect” that could “encourage the military in other countries” to imitate their Honduran counterparts. Arias must be very well backed by the Obama administration to dare such astounding utterance. Such a policy is indeed naïve and on the other hand, politically risky. Should the Hondurans endure the siege, pressures and calamities brought upon them because of their coup and succeed in the long term to have its new government recognized by at least part of the UN member countries, Obama, Clinton and Arias will lose a lot of face in the international milieu. Not to mention the various risks of creating a cumbersome impasse in the UN regarding who will represent Honduras after all, of revealing the political impotence of the OAS and of discrediting the democratic stance of the Administration by not accepting the result of clean elections which, by the way, was what they were arguing in favor of Zelaya in the first place.
Hondurans need help to find a way out of the historical mess its military got them in. However, it has to be a genuinely negotiated and realistic solution. Imposing moralistic, normative and high handed proposals like those that Arias is trying to shove into their throats in the name of the dominant countries will not solve the crisis and the risk of creating dangerous situations will grow.
Caracas, 15 September 2009

9/09/2009

El mediador de Honduras

por Carlos M. Añez
09-09-09
La entrevista que Oscar Arias concedió a Gladys Rodríguez de Globovisión confirmó que el golpe de estado en Honduras ha traído consigo cambios fundamentales en el pensamiento político predominante en la comunidad internacional en cuanto se refiere al concepto de soberanía cuyas implicaciones a mediano y largo plazo pueden tener consecuencias muy importantes para el orden internacional en general o al menos, de nuestro hemisferio. Oscar Arias debe ser reconocido en el contexto del caso de Honduras, como el portavoz tanto de los Estados Unidos como del resto de países que de manera sostenida y sorpresivamente casi unánime, han venido presionando al nuevo gobierno de Honduras con motivo de la remoción de Manuel Zelaya de la presidencia de ese país para que acepte la “mediación” de Arias. Esta se concreta en el conjunto de proposiciones bautizado como el “Acuerdo de San José".
Oscar Arias le dijo a Rodríguez que “a petición de ambas partes” accedió a mediar en el conflicto interno de Honduras y que después de oír a ambas partes en numerosas reuniones, se había atrevido a poner sobre la mesa el texto del Acuerdo, “solo para tener algo sobre lo cual discutir y negociar”. Sin embargo, aseguró que el texto propuesto recoge los puntos de vista de "todas" las partes. Es decir, no solo de las dos partes hondureñas sino de las "otras partes" que me imagino son los gobiernos extranjeros que decidieron inmiscuirse en el conflicto directamente o a través de la OEA y la CE. A la pregunta de Rodríguez sobre la proposición de designar un tercero para presidente diferente a Zelaya y a Micheletti como solución intermedia, Arias respondió que eso no era aceptable "ni para Zelaya ni para ningún otro país" tal como si eso fuera asunto que necesitase de consenso externo a Honduras. Arias dijo frases inesperadas de un mediador. Por ejemplo, dijo que el gobierno de facto ha propuesto cambios al Acuerdo que no son aceptables para él. Es decir, declaró ser un mediador con poder de veto.
Siendo un personaje con radiante aureola de demócrata, premio Nobel de la paz, negociador político internacional insigne y exitoso, jefe de estado elegido y profesor universitario de teoría política, resultó impresionante escucharlo desprestigiar las elecciones como forma válida y legítima de consulta de la voluntad de los pueblos en general, al argumentar que en el caso de que las que están previstas en Honduras se lleven a cabo sin que Zelaya este en el poder no serán reconocidas por la comunidad internacional. Para él, a excepción de las de Costa Rica, las elecciones en América Latina son sospechosas de ser fraudulentas y amañadas. Si Zelaya estuviese en el poder, la sospecha se eliminaría porque en ese caso se enviarían observadores de la OEA que en última instancia son los que validan las elecciones.
Con el recuento anterior de partes de la entrevista no intento tomar posición respecto a los temas sustanciales mencionados. No estoy interesado ni en desvirtuar a Arias ni en polemizar con él. Realmente, mi intención es destacar en sus explicaciones la ausencia total de consideración, por no decir de respeto, a la soberanía de Honduras. Para Arias y, lo que es más importante, para los que él representa en este caso, Honduras debe obedecer lo que se le ordena. No puede ni siquiera proponer cambios al texto del acuerdo y que no se le ocurra hacer elecciones – es decir, consultar a su pueblo – porque sus jueces políticos las han desautorizado a priori, a menos que se cumplan condiciones externamente formuladas.
Lo que es interesante en extremo en lo que estamos presenciando es el golpe tan demoledor que está recibiendo el concepto de soberanía de los Estados. No es que yo tenga mucho apego a tal concepto, sobre todo cuando detrás de él he visto como se han escudado dictaduras, genocidios, violaciones de derechos humanos e irrespetos a las constituciones. Se trata de que aparte de sorprendente lo que está pasando puede tener consecuencias políticas muy trascendentes en el mundo.
En dos ocasiones en la entrevista, Arias dijo que “lo que queremos es por primera vez revertir un golpe de estado” para que ese proceder no se extienda “por efecto dominó” en nuestro continente y “no se vayan a envalentonar” las fuerzas armadas para deponer presidentes. Es decir, vendo el sofá de la soberanía a ver si los militares nos dejan quietos. Repito, me parece impresionante.
Pero nuestra impresión es aún mayor si consideramos que Arias dijo que eso es lo que el Presidente Obama y la Secretaria de Estado Clinton están tratando de conseguir (recuérdese que Arias es el portavoz). Argumentó que en el pasado los Estados Unidos intervenían indebidamente y hasta promovieron golpes de estado “lo cual es lo que Obama y Clinton quieren cambiar”. En otras palabras, antes se intervenía para apoyar golpes de estado y ahora intervienen para revertirlos. Hay pues intervenciones buenas e intervenciones malas y para decidir cuál es cual, el interventor tiene plena libertad. Impresionante.
En esta nueva posición, Arias dice que los pueblos tienen que ser pacientes y esperar las elecciones. Me imagino que se refiere a las que logren tener observadores extranjeros. Si el gobierno de turno viola los derechos humanos e irrespeta la constitución, Arias, sin que se le arrugara el ojo, dijo que los pueblos deben esperar “estoicamente” hasta las nuevas elecciones. Eso es lo que yo llamo una visión “normativa” de la historia. Forma parte de una subyacente ideología moralista en el sentido que Fernando Mires nos presentara en su brillante ensayo del pasado 3 de agosto.
He tratado siempre de evitar el uso de criterios morales para estudiar la política y la historia pero no lo he logrado. Los criterios morales tienen el problema de ser hipócritamente normativos por lo que reducen el poder de interpretación realista de los acontecimientos y procesos sociales. Sin embargo, el peligro del relativismo me ha hecho mantenerme firme en cierto núcleo de principios morales. Por ejemplo, lo mínimo que se puede pedir es la honestidad intelectual necesaria para eliminar el uso del doble estándar, la mentira y el cinismo en la política. Por lo tanto, creo que debo exigir que o se deja a los Hondureños arreglar su problema o se interviene cada vez que haya un golpe de estado o “desde el estado”, como dice Mires, en países como muchos que conocemos.
El concepto de soberanía de los estados apareció en la historia (siglo XVII) como un consenso para detener la guerra permanente entre soberanos. En su expresión más elemental un estado es soberano cuando está fundado en un territorio claramente delimitado y habitado por una nación con rasgos culturales compatibles y que de facto (legítima o ilegítimamente) es controlada por un soberano o régimen de poder estable. Esta idea es la que subyace a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los estatutos que sustentan innumerables agrupaciones regionales de países como la OEA o la CE. De ahí que en el Articulo 2 de la Carta se estipule que, “La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros” y que “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Pero sobre todo es la idea que explica que en el Pacto (Covenant) Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 se haya incluido en el Articulo 1 el derecho a la auto determinación de los pueblos, así: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” y no se haya dicho nada de observadores extranjeros que validen sus elecciones.
Ante todo esto, no se puede aceptar el abandono total del principio de no intervención en el caso de Honduras. Es por lo menos extraño que Europa y Estados Unidos debiliten su credibilidad y su imagen como defensores de los derechos humanos y en especial del derecho a la autodeterminación simplemente por pretender que con revertir el golpe y reinstaurar a Zelaya por unas semanas más se establezca un precedente durable que realmente haga desaparecer los golpes militares. Eso es ingenuo, por decir poco y en otras latitudes, estratégicamente peligroso. Si en el futuro inmediato la soberanía se pondrá de lado para intervenir en cualquier país cuando la comunidad internacional lo considere necesario entonces tendremos que prepararnos para presenciar el derrumbe del orden mundial vigente y el nacimiento de uno nuevo que parecería retroceder hacia condiciones análogas a las prevalecientes en Europa antes de Westphalia en 1648. Esto es muy preocupante aunque se este creyendo que las intervenciones se legitiman cuando son colectivas. Estos argumentos lo que intentan es invitar al lector a reflexionar sobre las implicaciones latentes de todo lo que está ocurriendo en Honduras que no parecen ser sencillas.
No podemos pensar que Arias desvaría o mal interpreta la posición de los Estados Unidos, Europa y América Latina y si así fuese, habría habido desmentidos. A Honduras habría que ayudarlo a encontrar una solución negociada pero con las posiciones moralistas, normativas y prepotentes que Oscar Arias articuló a nombre de los países dominantes no se va a avanzar mucho y se corre el peligro de que el proceso derive hacia situaciones inmanejables.
Caracas, 9 de septiembre 2009

7/28/2009

Las sorpresas de Honduras

por Carlos M. Añez

27/07/09

Desde hace mucho tiempo estaba esperando el momento en que la estructura política interamericana de “defensa de la democracia” fuese sometida verdaderamente a prueba. No me fue suficiente el caso de Fujimori porque me pareció siempre un caso trivial. Me interesaba ver si la historia nos conduciría a una encrucijada en la que realmente los principios fundamentales de convivencia internacional desarrollados durante el siglo XX resistirían el riesgo de ser apartados por la resultante de intereses políticos de los Estados involucrados, con o sin pretexto de defender la democracia, o en la que las contradicciones implícitas en toda esa estructura hicieran crisis y obligaran a los gobiernos a encontrar nuevas soluciones o a quedar en ridículo. Creo que el caso de Honduras nos ha conducido a tal encrucijada.

Parto por reconocer que el concepto de soberanía que subyace a toda la estructura política internacional compuesta por naciones-estado ha sufrido profundos cambios (por no decir desgastes) desde su instauración en Westphalia en 1648, y vaya que cambios. Reconociendo las considerables cesiones de soberanía implicadas en la compleja red de tratados internacionales que están vigentes en el mundo, baste en el extremo mencionar la proposición canadiense aprobada por las Naciones Unidas en 2005 de que la soberanía de un Estado conlleva tanto su responsabilidad de proteger a su población contra violaciones a sus derechos humanos como también la responsabilidad de la comunidad de los otros Estados de intervenir para proteger a las poblaciones amenazadas si el Estado involucrado no quiere o no puede protegerlas.

A pesar de que esta magnánima idea de poner a un lado el precioso valor de la soberanía para defender propiamente a la gente se formula sin discriminar entre los derechos humanos que deben ser protegidos, en la práctica tanto la proposición canadiense como la actuación de las Naciones Unidas se han referido realmente al “derecho a la vida” y se han implementado en la historia reciente solo cuando hay genocidio en marcha o en puertas (Kosovo, Haití). Es decir que la responsabilidad de la comunidad de Estados de intervenir para proteger los derechos humanos no se activa cuando se trata de derechos que no implican la vida tales como los derechos económicos, políticos o de otra índole. No hemos llegado, pues, en el mundo al momento en que la soberanía se sacrifique totalmente en beneficio de la gente. De ahí que el derecho humano más defendido por los Estados no es ni siquiera el derecho a la vida, es el “derecho a la autodeterminación de los pueblos” que en la dura realidad no es otra cosa que el derecho de quien está en el poder a hacer lo que le venga en gana. En otras palabras y desde otro punto de vista, es el tan mencionado “principio de no intervención”.

Sin embargo, para mi sorpresa, la soberanía de Honduras ha recibido en estas semanas más golpes que gata ladrona y allí no ha ocurrido ningún genocidio ni hay población que necesita ser protegida. Con unanimidad increíble y sorprendente, “en tiempo real”, la comunidad internacional ha intervenido descaradamente en el conflicto interno de ese pequeño país. No solo los países del sistema interamericano con quienes, después de todo, Honduras, por ser signatario de la Carta Democrática Interamericana, tendría compromiso mutuo de respetar su orden constitucional y de sostener la democracia representativa, sino que los europeos e incluso algunos asiáticos, con quienes no hay tal compromiso explicito, se han pronunciado a favor de una de las partes en conflicto, el presidente depuesto. Algo nuevo ha afectado a la comunidad internacional para que haya destronado al “principio de no intervención” de su preponderante lugar en el pensamiento político dominante de nuestros tiempos. Hasta ahora, lo normal era que a nadie le importaba si una constitución era violada o mal interpretada o forzada.[1] Incluso en casos repugnantes como el de Guinea en su odiosa y sangrienta cadena de golpes y contragolpes militares, no se ha visto una reacción como la del caso de Honduras. Ni hablar de los casos como el nuestro en Venezuela en el que el orden constitucional es demolido poco a poco con leyes inconstitucionales y sentencias amañadas y la representatividad de la democracia es totalmente negada sin que nadie pierda sueño ni en Norteamérica ni en Europa ni en ninguna parte. ¿Qué es entonces lo que hicieron los hondureños para desencadenar esa reacción?

Se puede decir que el derecho de los gobiernos de decidir lo que quieran en el ámbito de su nación-estado está limitado por las leyes y en especial por las constituciones. Hasta ahora eso era cierto pero solo teóricamente. Las constituciones se suponen que subyacen a toda la estructura legal de un país y que definen la forma institucional de los poderes públicos y establecen los límites de su autoridad y las funciones que deben cumplir. Se fijan así las reglas de control mutuo entre los poderes públicos. Sin embargo, invadiendo campos que no domino, me atrevo a concebir a las constituciones también como contratos sociales en los que los ciudadanos se comprometen a cumplir unos deberes a cambio de unos derechos que les son garantizados y en los que los poderes públicos quedan obligados a gobernar y administrar dentro de los limites que les establecen las leyes. Más aun, creo que las constituciones son contratos entre un Estado y el resto del mundo según los cuales la correspondiente nación declara la naturaleza de su sociedad y los principios que la sustentan y que orientan su participación en la comunidad internacional, establece los vínculos institucionales que dispondrá para interactuar internacionalmente y le dice a los extranjeros que quieran quedarse en su territorio que garantías tendrán y que limitaciones encontraran para participar en la sociedad y en la economía.

El problema está en que todo esto es cierto solo teóricamente. Las realidades del ejercicio del poder son otras. Solo en los países con un desarrollo institucional y político avanzado encontramos coherente y consistente aplicación de las constituciones y las leyes en lo que se conoce como el “estado de derecho”, lo cual fundamentalmente resulta de una verdadera división de poderes que no se discute. La historia nos indica, aunque con una extensa variedad de situaciones, que países como el nuestro quien tiene el poder ejecutivo, que es el que controla las armas, es quien manda y es quien trata de capturar al resto de poderes públicos. Además, si la constitución le opone obstáculos a sus pretensiones políticas intenta cambiarla… y muchas veces lo logra.

Siendo las constituciones contratos entre el Estado y el resto del mundo no hay nada que reclamar desde el exterior cuando internamente se apliquen las disposiciones constitucionales con rigurosidad aunque duelan. En cambio, creo razonable esperar que sí haya reclamo de otros países cuando se violen las disposiciones constitucionales o legales arbitrariamente y aun más cuando por ello se afecten intereses extranjeros. No obstante, eso no lo hemos visto sino en casos extremos en los que intereses vitales de algún país se vieron gravemente afectados por las arbitrariedades provocando reacciones que han podido llegar hasta la guerra. En los casos normales, (como las estatizaciones de empresas, por ejemplo) lo que ocurre es que después de reclamos y señales de disgusto y quizá, alguna acción de demanda judicial o arbitral, los gobiernos tiran la toalla y se tragan las violaciones y quizá esperen una ocasión favorable para pasar factura. El “soberano” entonces tiende a salirse con las suyas.

En Honduras, los Poderes Públicos constitucionales actuando dentro del marco de sus respectivas jurisdicciones determinaron, en total cumplimiento de su “contrato” constitucional particular, la ilegalidad de las acciones de Zelaya y sin embargo la comunidad internacional no lo reconoce y reclama exigiéndoles, violando su soberanía, que anulen sus decisiones.

Los militares hondureños obviamente cometieron el error de no dejar que el sistema judicial constitucional de Honduras terminara el proceso que había iniciado declarando ilegal la convocatoria a referéndum por parte de Zelaya y sometiéndole a juicio, pero eso no explica la unanimidad internacional en exigir el regreso de Zelaya. En eso no hubo afectación de intereses extranjeros. Más bien pareciera que lo que hace reclamar a Europa y Estados Unidos es no querer quedarse atrás del liderazgo de los populistas de la región dejándoles la bandera de la democracia y del estado de derecho cuando a estos de demócratas no les queda ni el barniz. En este sentido, en Honduras se sentó un gran precedente que, en mi opinión, tendrá mucha influencia en el futuro de América Latina.

Es muy temprano para evaluar las consecuencias, pero creo que se pueden vislumbrar algunas lecciones. Por un lado, mucho pensaran los militares latinoamericanos antes de dar un golpe de estado porque en cualquier vuelta de los acontecimientos ellos podrían quedar siendo los castigados. También ha quedado claro que la soberanía de un gobierno para hacer lo que le de la gana no es plena y que el principio de no intervención no protege a los violadores de constituciones a ultranza. Por ahora parecería que la no injerencia se deja de lado cuando se trata de la remoción indebida de un jefe de estado pero podría llegar el día en que también se aparte cuando se trate de violaciones constitucionales de otro tipo. Hopefully !!!




[1] En Madagascar en el año 2002, un conflicto político de origen electoral paralizó al país por casi un año con gran sufrimiento de la población y pérdidas económicas cuantiosas sin que la comunidad internacional interviniera, hasta que el deterioro de la situación obligó a aplicar una solución negociada.