7/05/2019

LA DEMANDA SOBRE EL TIAR


No soy abogado, pero me interesa y me atrae la naturaleza de esa profesión fundamentalmente por su inherente lógica y su uso del lenguaje. Ayer conocí la demanda que dos abogados venezolanos, profesores universitarios por lo demás, presentaron al Tribunal Supremo legítimo (en el exilio) reclamando la inconstitucionalidad por omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional en cuanto se refiere a la aprobación de la solicitud de Venezuela para reintegrarse como miembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR.
Como era de esperar, la demanda está en general muy bien escrita y es clara e inteligible. Sin embargo, estudiándola con detenimiento y con referencia al texto del TIAR, le encuentro serios defectos de argumentación que me hacen criticarla e incluso rechazarla. Mi análisis parte por estudiar el texto de la demanda propiamente, contrastando sus argumentos con lo que estipula el texto del Tratado, para terminar discutiendo los aspectos políticos de haberla redactado y presentado.
No encuentro en ninguna disposición en la Carta Magna algo que permita calificar de “omisión” la interrupción del proceso de aprobación del TIAR en la AN después de la primera discusión. Primero, porque el concepto de omisión está limitado constitucionalmente a incumplimientos de disposiciones precisamente constitucionales y sabemos que reintegrarse al TIAR no es una de ellas. Por otra parte, no hay ni en la Constitución ni en el reglamento interno de la Asamblea ninguna norma que fije los tiempos para aprobar cualquier ley excepto quizá el de 30 dias que se le fijan a la Comisión pertinente que actúa después de la primera discusión. En ese sentido la Asamblea es totalmente soberana, puede tomarse el tiempo que quiera para aprobar leyes, excepción hecha de las que son exigidas taxativamente por la propia Constitución en las Disposiciones Transitorias.
El texto de los demandantes da unos saltos argumentales que, en mi opinión, no pueden admitirse en un documento jurídico formal. No es aceptable que inmediatamente después de mencionar “como hecho público y notorio” el desastre chavista y la tragedia venezolana en los puntos 3 y 4 del Sumario, se precipite el argumento diciendo que “se ha[ce] indispensable la conformación de una coalición de Fuerza Interamericana, a los fines de restituir la soberanía, la independencia política, la paz y la normalidad democrática de Venezuela.” Eso es un non sequitur. La opinión de los demandantes de que tal Fuerza es “indispensable” es muy discutible, no es consensuada ni tiene fundamento factual ni legal. Ese tema es claramente político y controversial. Los jueces no tendrían base para decidir porqué no es posible demostrar que SOLO con fuerza militar se pueden resolver los problemas mencionados en la demanda. Así que no se puede afirmar que la fuerza extranjera es indispensable.
La demanda tiene subyacente la creencia de los autores de que el TIAR es la solución. Claro, solución para obtener la intervención militar que ellos consideran indispensable. Sin embargo, no podrán evitar que los jueces del TSJ (en exilio) y nosotros sus lectores leamos el texto del Tratado y quedemos sorprendidos de que lejos de ser un instrumento para “conformar una coalición de Fuerza Interamericana” está mas bien orientado a evitar soluciones militares. Los dos primeros Artículos del Tratado dicen:
ARTICULO 1.°
Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado.
ARTICULO 2.o
Como consecuencia del principio formulado en el Artículo anterior, las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar de resolverla entre sí, mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además, la activación del TIAR se justifica cuando hay un ataque, o agresión contra un país miembro del tratado en cuyo caso no es que los demás países salen de inmediato a mandar sus fuerzas armadas a ayudar al agredido, no.  Lo que harían es convocar al Órgano de Consulta para evaluar la situación y agotar todas las medidas de negociación, de diplomacia y demás carantoñas. En el caso de Venezuela no ha habido ninguna agresión de un Estado a nuestro país así que eso no nos toca.
Los demandantes evidentemente se dieron cuenta de eso por lo cual se refieren a una disposición del Artículo 6 del TIAR que menciona que puede haber agresiones no armadas a un país miembro. en cuyo caso, no es que se conforma en consecuencia la Fuerza Interamericana como quieren los demandantes, sino que, el asunto se envía al Órgano de Consulta para que este decida qué hacer. Pasan entonces a referirse a una “Declaración sobre Seguridad en las Américas” aprobada por la OEA en 2003 para dar otro salto argumental sin continuidad lógica y concluir que “Por tanto, para que el continente americano y Venezuela puedan restablecer la paz, la seguridad y la normalización de la democracia, la activación del TIAR es indispensable”.  Con el debido respeto, no siendo abogado, me atrevo a presentar mi punto de que en un texto jurídico de demanda no deben aparecer tomas de posición y opiniones sin sustento en los hechos o en los documentos legales de referencia pertinentes.
Otro aspecto es que las relaciones exteriores de la Nación le corresponden al Poder Ejecutivo y en este caso que estamos viviendo, el presidente de la Asamblea es el presidente encargado de la República por lo que la Asamblea no tiene otro camino que aceptar la conducción del tema por parte de Guaidó quien, en todo caso, debe tener razones para haber retrasado el proceso de TIAR.
Así como la Asamblea no tiene poderes ilimitados para imponer su criterio al resto de Poderes Públicos (excepto, por supuesto, redactando y aprobando leyes constitucionalmente), el Tribunal Supremo de Justicia tampoco puede a su arbitrio dar instrucciones al resto de los Poderes. Por eso, lo que realmente piden los demandantes al TSJ es que “exhorte” a la Asamblea a continuar el proceso de aprobación del TIAR. A mi me parece que en ese sentido la demanda se parece a cazar moscas con una escopeta. ¿Tanta redacción y tanta parafernalia jurídica para terminar solo “exhortando” a la Asamblea? Con unos artículos de prensa pidiéndole a Guaidó que apure el proceso bastaba. No puedo evitar ver esto como sospechoso. ¡Sorry !
Para evitar malas interpretaciones, quiero dejar claro que deseo con toda mi alma el final del régimen de Maduro. Nunca, jamás, apoyé al chavismo. Desde 1992 sufro con la mera presencia de esas fuerzas populistas y comunistas destructoras que me han quitado mi país. Sin embargo, lucho por mantener mi mente clara para informarme y reflexionar sobre las realidades que están desarrollándose y con la ayuda de la historia, acercarme a vislumbrar el camino que debemos tomar. No pretendo tener la solución a nuestra tragedia, pero si exijo que las posiciones que tome la gente, en especial mis amigos, no sean, en lo posible, resultado de emociones del momento.
Uno de los autores de la demanda que estamos aquí revisando dice en su perfil de Tweeter: “Lucho por una Venezuela libre de socialismo, NO me calo el populismo.” ¿se habrá dado cuenta de que su demanda es un ejemplar genuino de populismo?  De todos modos, los autores no son los únicos que están demostrando cierta pérdida de lucidez debida quizá a la desesperación que causa la persistencia del régimen. El problema no es que la demanda sea o bien declarada sin lugar o que la sentencia llegue a destiempo después que la AN haya efectuado la segunda discusión. El problema es que su propia presentación al TSJ daña la única fuerza política que tenemos los demócratas venezolanos liderizada por Guaidó porque le da la imagen ante tanta gente que no lee, ni piensa, de que es blandengue y que le da miedo pedir la intervención militar extranjera. Una intervención que no habrá, que no existe y que el mundo entero rechaza.
En estos dias en que hemos confirmado el estado de deterioro o mejor de debacle de la Fuerza Armada venezolana es difícil argumentar que hay que traer una fuerza extranjera para que los termine de aplastar. No creo que eso sea necesario. Con tener paciencia basta.
Parma, 4 de julio 2019

SON LOS MILITARES



Todos sabemos que Nicolas Maduro y sus secuaces civiles no son quienes detentan el poder en Venezuela. Ellos son los que dan la cara, los testaferros políticos y los intermediarios con el pueblo chavista. El poder lo tienen y lo ejercen los militares. Si los militares simplemente declaran que no apoyan más a Maduro, el gobierno cae.
Entonces ¿para qué distraernos y desviarnos en nuestra lucha dedicando esfuerzos y recursos a combatir a segundones como Jorge Rodriguez, Tarek Saab, la Delsy, el insípido Arreaza y los matones del régimen?  ¿para que ir a negociaciones con esos cachos quemaos sin la participación de los militares?  ¿para que seguir denunciando al combo de Maduro si ya están más que suficientemente desprestigiados ante el mundo y en cambio, los militares siguen con sus cachuchotas altaneras y sus medallas multicolores echándosela de taquititaqui, como si nada estuviese pasando.
Pues quiero que se sepa que yo asigno a “los militares” venezolanos la máxima responsabilidad por la tragedia que ha ocurrido en nuestro país. Ellos condujeron los procesos más destructivos que se aplicaron a nuestra economía directamente o protegiendo a los perpetradores. Estando activos o en retiro, han sido encargados de administrar recursos vitales para la supervivencia de los venezolanos. Me refiero a las empresas de Guayana, a PDVSA, al IVSS, a las Gobernaciones y a gran cantidad de empresas expropiadas por el gobierno chavista. Actualmente manejan directamente petróleo, minería y alimentos, nada menos. Permitieron la injerencia cubana en nuestro país y se entregaron a su supervisión sirviendo de predicadores ideológicos para lavarle cerebros a la tropa y actuando como sapos espías contra sus propios compañeros. Usaron la prerrogativa de justicia propia militar para abusar y reprimir a quienes se les opusieron sin ninguna vergüenza por violar las Leyes.
Pero lo que es peor, ha sido la dedicación que han mostrado para montar negocios ilícitos y criminales con el narcotráfico, el contrabando, el lavado de capitales, la compraventa corrupta de divisas, las coimas para otorgar contratos, la importación de alimentos dañados, la trata de esclavas y demás actividades abominables que han arruinado a nuestra sociedad y carcomido su tejido moral.
Toda esa orgía delictuosa de maldad y atropello a nuestro país se ha ejecutado con la mayor sangre fría, con alevosía y perfidia sin el menor sentido de compasión por quienes han sido afectados. No hubo religión ni ideología que sustentara o lejanamente justificara su comportamiento. Han sido simplemente su inclinación al mal, su codicia y sus almas de porquería. No me vengan con argumentos de que los pobrecitos no podían hacer nada porque los cubanos los tenían espiados y amenazados. No era necesario que ejecutaran golpes de estado. Lo que se requería era que fuesen honestos y repudiasen los crímenes que se cometían a su alrededor. Claro, para eso hay que tener una moral sólida y tener guáramos, pero eso es lo mínimo que se le puede pedir a un militar.  Es por eso por lo que tampoco acepto el argumento de que hay algunos militares activos y honestos lo cual me debería impedir generalizar. Quizá eso es cierto, pero si se es honesto, ante tanta asquerosidad no queda sino renunciar o denunciar. Reconozco que se dice que hay una minoría de valientes que están presos, degradados o expulsados. Será solo por eso que acepto que hay que agradecer y admirar a los pocos que se atrevieron a enfrentar al régimen, pero, en todo caso, son una minoría.
Me podrán preguntar por qué en mi crítica separo a los militares de los civiles chavistas si estos son tan culpables como aquellos. Hay varias razones para eso. La mas importante es que los militares detentan las armas por asignación constitucional y por eso se apropian del poder. No me olvido de que el origen del régimen es militar. Chávez y sus cómplices fueron los golpistas de 1992 que desencadenaron nuestra tragedia y todos eran militares. Después creo que hay que considerar que entre los chavistas han estado los comunistas con su ideología “revolucionaria” creyendo sinceramente que estaban construyendo una sociedad y se equivocaron. Son principalmente los que ahora, aunque siguen siendo comunistas, no apoyan a Maduro. En cambio, los militares, como mencioné arriba, ni tienen ideología ni han dejado de apoyarlo. Nadie me puede convencer de que los generales del Cartel de los Soles son comunistas fanáticos que habiéndose leído a Marx todavía quieren construir un socialismo en Venezuela como paso previo a un comunismo utópico.  Lo que son es narcos criminales y punto.
Adicionalmente, han terminado por demostrar involuntariamente, que son la clave para una solución. Digo involuntariamente porque hasta hace poco trataban de hacerse los musiús y pasar agachados lavándose las manos. Ahora, después de despreciar la ley de amnistía, de no atender los llamados de Guaidó y aun de las sanciones norteamericanas que los mencionan con nombres y apellidos, no pueden seguir escondidos políticamente bajo las faldas de Maduro echándosela de “institucionales” y dejando que el combo chavista se pudra. Con ese cuento que se vayan a freír monos. Su responsabilidad está diáfana y clara. Tienen que dar la cara sin tapujos.
¿Qué hacemos entonces?  Es una realidad que impone sus consecuencias. ¿Qué nos corresponde a nosotros de la oposición hacer aquí y ahora en el proceso político?  En mi opinión, lo que hay que hacer es confrontar los militares directamente, con nombres y apellidos, obligándolos a ponerse al frente del régimen y a representarlo plenamente ante el mundo. No hay que esperar que actúen espontáneamente. La esperanza de que actuasen espontáneamente ha hecho que se les vea como una tercera fuerza, tan externa como la OEA o como Trump, que pudiera “hacernos el favor” de tumbar a Maduro. Así, siendo ellos los dictadores reales, han tenido éxito en camuflarse políticamente y desviar principalmente hacia el combo Maduro los ataques que se hacen al régimen. Se oye el grito de “Maduro, CDTM” y no se oye ninguno de “Epa Generalote, CDTM”. Los que parecen que no se han engañado son los gringos pues les han aplicado sanciones a numerosos militares. Viéndolos como otra tercera fuerza, la estrategia de la oposición ha sido pedirles que nos ayuden, sin desnudar su culpa. Una estrategia orientada a no ofenderlos porque nos pueden ser útiles. ¡Pamplinas!  La hipócrita respuesta ha sido “nosotros somos institucionalistas y no damos golpes de estado” mientras continúan despiadadamente su festín de rapiñas.
La campaña política que propongo debe estar dirigida a los casi tres mil generales y almirantes que tiene la FA y los no-se-cuantos miles de mayores, coroneles y oficiales que componen el grupo de 21.000 personas (sic) que recibieron ascensos esta semana, incluyendo por supuesto, a los pocos oficiales honestos que dicen que hay.  A las familias de toda esa gente hay que señalarles su responsabilidad de convencer a sus respectivos militares de que hay que detener la tragedia que nos está destruyendo. Hay que destacarles la violación moral que la inacción significa. Hay que suponer que esas familias también están sufriendo los efectos de la descomposición de la sociedad venezolana, pero hay que recordarles que algo pueden hacer.
La campaña debe dirigirse a los miembros del llamado “alto mando” directamente con nombres y apellidos. Pidiéndole cuentas de su actuación, pidiendo explicaciones de hechos irregulares que les atañen, exigiendo respeto de las Leyes, destacando los valores morales que deben ejercer, especificándoles sus responsabilidades y sometiéndolos a la máxima presión social de que somos capaces antes de ser derrotados definitivamente. Sin embargo, el objetivo fundamental de este esfuerzo es convencerlos de que tienen que ser ellos quienes negocien DIRECTAMENTE con nuestro líder la extinción de nuestro infierno.
Creo que para terminar mis comentarios es oportuno transcribir aquí el Artículo 25 de la Constitución, aunque sea por joder: 
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Carlos M. Añez
Parma, Solsticio de Verano 2019