MAS SOBRE EL DIALOGO POLÍTICO

Por Carlos M. Añez

21 de Diciembre 2013

La reunión de Maduro con los alcaldes recién elegidos ha provocado opiniones que señalan lo bien que resultó. Ciertamente hay que contentarse, como dice un comentarista, con que, por primera vez, Maduro no haya insultado y amenazado a los alcaldes de oposición pero a mí me parece que eso debería ser lo normal sin que se merezca elogio alguno. Ademas, habrá que ver si el intercambio de posiciones que parece haber ocurrido se refleja posteriormente en hechos y comportamientos concretos con respeto de la Constitución y cumplimiento de las leyes.

Otros comentaristas dicen que la situación actual es tal que no se pierde nada con intentar conversar y que, en todo caso, hay que hacer algo. Al mismo tiempo preguntan “¿…y entonces, que hacemos? ¿…no hacemos nada? … hay que evitar la violencia… los militares apoyan al gobierno… un levantamiento sería suicida…”. En respuesta habría que a la vez preguntar “¿Qué hacemos para qué? ¿De qué están Uds. hablando?” Obviamente, si preguntan ¿qué hacemos? Imaginamos que están preguntando ¿Qué hacemos para cambiar el gobierno por otro que respete la Constitución y no abuse del poder? No puede ser que la pregunta sea de qué hacemos para que dejen trabajar a los alcaldes elegidos o que hacemos para que no insulten. El dialogo que es necesario es uno en el que se negocie regresar a una situación verdaderamente constitucional pero ese es el dialogo que no parece posible, dada la naturaleza de la base del poder político en Venezuela.

Ademas de la inconstitucionalidad de la elección de Maduro por doble nacionalidad, por haberse mantenido como vicepresidente hasta las elecciones y por el propio fraude electoral, este es un gobierno de facto que se mantiene en estado de inconstitucionalidad por numerosas y sostenidas  infracciones a la Carta Magna. La lista es larga: prolongación ilegal del periodo de magistrados del TSJ, de los rectores del CNE y del contralor; creación y mantenimiento de la milicia; expropiaciones de tierras y empresas sin cumplir los pasos legales y sin indemnización; usurpación de funciones del Poder Estatal (gobernadores) y del Municipal (alcaldes); creación de cargos regionales paralelos; innumerables casos de prisión sin juicio y allanamientos sin control judicial; violación de la independencia del Banco Central; formulación fraudulenta del presupuesto nacional; manejo de fondos públicos sin control alguno; y una larga colección de etcéteras. A todo eso se le agregan las violaciones a los principios de la Constitución como el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la democracia, la participación y la descentralización que son violados cotidianamente por el gobierno y a esto se unen las rendiciones de la soberanía nacional a favor de Cuba, Guyana y otros Estados de su conveniencia.

Ante un palmarés como ese no se puede considerar a este gobierno como dispuesto a una negociación creíble y de buena fe. Pero además, aceptando que de facto es quien detenta el poder y por lo tanto es a quien le corresponde enfrentársenos ¿para qué negociar? ¿Qué esperamos obtener de esa negociación? ¿Acaso hemos obtenido algo de las peticiones populares de no politizar la educación, de liberar a los presos políticos, de controlar la delincuencia, de sacar a los cubanos del poder, de no destruir empresas productivas con las expropiaciones, etc etc etc? … y lo más importante ¿tenemos esperanza de ganar concesiones respecto a frenar la inconstitucional instalación del socialismo y la cubanización de Venezuela? Yo les dejo a mis interlocutores la tarea de responder esas preguntas aunque obviamente tengo mis propias respuestas.

Prevalece sin embargo la pregunta que nos hacen de: ¿…y ahora que podemos hacer? Tengo algunas ideas que pueden contribuir a definir una estrategia política de lucha para la oposición pero, eso es más bien la tarea de los líderes. No creo valido que a simples comentaristas del acontecer político se nos planteen las preguntas fundamentales. Sin embargo,  se debería comenzar por dilucidar claramente cuál es la fuente o la base del poder político en Venezuela para por lo menos orientar la acción política en esa dirección.

En mi opinión, esa fuente es, como lo argumenté en mi artículo anterior, el acceso incontrolado a los recursos públicos. Es con la inmensa montaña de dinero que ha generado el petróleo venezolano con la que el régimen chavista ha comprado tanto los votos de la mitad de los votantes como los apoyos de los militares, en lo interno y los de regímenes aliados, en el exterior. Es con esos dineros con los que el régimen ha financiado sus campañas electorales, la consolidación de su hegemonía comunicacional, las decisiones judiciales favorables, las compras de armas inútiles, los contratos de obras con empresas extranjeras y el sostenimiento anti histórico del régimen castrista sin olvidar los dispendiosos gastos de oropel para refuerzo del ego que se han efectuado a la vista de todos.

Toda acción política o económica que directa o indirectamente debilite el acceso del régimen a los recursos públicos va al objetivo central de reducir el apoyo que dan al régimen quienes dependen de la ilegal liberalidad oficial sean ellos militares o civiles, nacionales o extranjeros. El apoyo que recibe el régimen no se origina en una ideología o en una religión o en principios filosóficos. El apoyo es comprado. Si las dadivas y las prebendas cesan, cesaría el apoyo. Por eso es tan importante, exigir la designación constitucional del contralor, de los magistrados del TSJ y del fiscal. Ese tema si vale la pena negociarlo. Por eso también es importante la actividad en las comisiones de la Asamblea Nacional de finanzas, contraloría y similares. Por eso es necesaria la acción política en el terreno sindical para llevar la demanda de recursos para reivindicaciones de los trabajadores a un nivel que compita con los gastos de compra directa de apoyo político. Puede que esta idea suene ingenua y que merezca que algunos digan que la oposición no tiene suficiente poder en Venezuela para ni siquiera preocupar al régimen del riego de perder su control absoluto sobre los dineros públicos. Habrá incluso quien se sonría ante este planteamiento. Sin embargo, la vigilancia, la denuncia, el reclamo, la protesta sobre el tema y el mero hecho de demostrar atención a como se asignan los recursos a los diversos intereses de la sociedad divulgándolo entre la población tiene un efecto que puede crecer, pero sobre todo son esfuerzos que se enfocan en lo importante, en la base del poder.

Por último, no debe olvidarse que una política orientada a ese tema se repotencia fuertemente con los propios problemas creados por la incompetencia administrativa y el desquiciamiento financiero del gobierno. El endeudamiento público y el deterioro de la economía venezolana hacen que los recursos disponibles se reduzcan inevitablemente por lo que si la acción política logra reducir algo el acceso libre a los que quedan, el debilitamiento del régimen será incontenible.